Exigen en Oaxaca
cancelación de 33 proyectos mineros
Reclamaron justicia para todos
los defensores que han sido criminalizados, amenazados, agredidos y asesinados
en la región mesoamericana, principalmente exigieron se castigue a los
responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de Pueblos Unidos
del Valle de Ocotlán desde 2006
Oaxaca, México. 29 Enero 2012.- (apro).- Comunidades y
organizaciones exigieron la cancelación de los 33 proyectos mineros que se
autorizaron en la entidad sin previa consulta, principalmente las minas San
José, en San José del Progreso, y Natividad, en Capulálpam de Méndez.
Frente a la gran amenaza que
representa la industria minera para su región, advirtieron en rueda de prensa,
es urgente la cancelación de todos aquellos proyectos mineros donde las
comunidades han expresado su rechazo.
De igual forma, reclamaron
justicia para todos los defensores que han sido criminalizados, amenazados,
agredidos y asesinados en la región mesoamericana, principalmente exigieron se
castigue a los responsables de los crímenes cometidos contra la Coordinadora de
Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán desde 2006.
También demandaron a las
autoridades sancionar a los responsables de la retención ilegal de 70
activistas del Consejo Tiyat Tlali, así como brindar seguridad a la comunidad
indígena de Ignacio Zaragoza-Puebla.
Además, denunciaron las
amenazas de muerte contra Carlos Beas, Bettina Cruz Velásquez, Rodrigo Flores
Peñaloza y Saúl Celaya; poner fin al hostigamiento contra las comunidades que
repudian el megaproyecto eólico del istmo de Tehuantepec, impulsado por el
gobierno estatal y la empresa española Mareña Renovables.
Asimismo, anunciaron su
adhesión a la Campaña de Acción Mundial (Idle No More-No Más Pasividad)
promovida por los pueblos originarios de Canadá en su rechazo a la minería y
por la protección de sus territorios.
Los cerca de 480
representantes de 50 comunidades, 13 entidades, 80 organizaciones y 13 naciones
se reunieron del 17 al 20 de enero en la comunidad de Capulálpam de Méndez,
donde analizaron el modelo económico y político basado en el despojo y la
extracción acelerada de los bienes comunes de los pueblos indígenas. (proceso.com.mx)
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