Comisión Intermediadora entre el gobierno el EPR retomaría sus tareas: Granados Chapa

Comisión Intermediadora entre el gobierno el EPR retomaría sus tareas: Granados Chapa

El periodista considera electoralmente beneficioso para el PAN si el gobierno reconociera que las autoridades participaron en la desaparición de los dos militantes del EPR, hecho que cumple dos años el 25 de mayo.

Oaxaca, Méx.- La Comisión de Intermediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que desde hace casi dos años exige la aparición con vida de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, podría retomar sus tareas a petición de ambas partes, señaló el ex miembro de la misma, Miguel Ángel Granados Chapa.

Esto al impartir en Oaxaca la conferencia magistral “Desaparición Forzada en México. Caso EPR”, donde estuvo acompañado de la hija de uno de los desaparecidos, Nadín Reyes Maldonado y de la hermana de otro de ellos, Margarita Cruz Sánchez, así como del abogado defensor de derechos humanos, Israel Ochoa Lara.

El reconocido periodista refirió que la Comisión de Intermediación integrada por otros destacados intelectuales y defensores de derechos humanos como Rosario Ibarra de Piedra y el escritor Carlos Montemayor, fue nombrada en mayo del 2008 y disuelta el pasado 29 de abril debido a que no se lograron avances en la exigencia de que los eperristas fueran presentados con vida.

Y en este sentido, destacó que de retomarse los trabajos de la Comisión de Intermediación, como lo ha pedido la misma Secretaría de Gobernación (SEGOB) y que hay una petición semejante del grupo guerrillero, se continuará insistiendo en que el estado reconozca la participación de autoridades de los tres niveles en la desaparición forzada de ambas personas.

“Electoralmente sería beneficioso para el Partido Acción Nacional (PAN) si el gobierno reconociera que las autoridades participaron en la desaparición de los dos militantes del EPR, el gobierno tiene la oportunidad de reconocer la desaparición y ganar puntos en el proceso electoral, la coyuntura sería favorable, es imposible e insostenible que el gobierno continúe negándose a admitir que autoridades de los tres niveles tuvieron que ver con la desaparición”, dijo.

También consideró que existen las mismas posibilidades de que los eperristas luego de dos años continúen con vida o hayan sido ejecutados extrajudicialmente, pero es necesario que el estado reconozca su responsabilidad para castigar a las autoridades involucradas por el delito de desaparición forzada que al considerarse un delito de lesa humanidad no prescribe y es más grave que el homicidio.

Y consideró que existen indicios que evidencia la participación del estado en la desaparición de los eperristas, como fue la detención de los mismos el 24 de mayo por elementos de policías estatales y municipales, entregados luego a elementos del Ejército Mexicano siendo desaparecidos al siguiente día, aunque no se ha establecido con certidumbre.

Destacó que los casos de ejecuciones de jefes policíacos, como el caso del comandante Alejandro Barrita Ortiz (entonces director de la Policía Auxiliar Bancaria y Comercial) y Aristeo López Martínez (entonces coordinador de la policía capitalina), refuerza la hipótesis de que los agentes estatales tuvieron que ver al menos con la detención de los eperristas.

Granados Chapa condenó que el actual gobierno aplique las tácticas de la guerra sucia de los años 60’s y ofrezca una reacción armada contra grupos que han decidido tomar las armas porque consideran que se han agotado las vías institucionales para las transformaciones sociales, en lugar de que el estado diera un castigo conforme a la ley, ya que de ser detenidos y juzgados conforme a derecho podrían gozar de recursos como el amparo, pero en la desaparición forzada se niega esa posibilidad, así como el gobierno niega su participación, lo que es todavía más grave.

Ante esta situación denunciada en junio por el EPR, Granados Chapa refirió las acciones militares a las que recurrió el grupo guerrillero por la desaparición de sus militantes, como las explosiones en instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en julio y septiembre del año pasado, en Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

CON INFORMACIÓN DE MAGDALENA ÁVILA
PROPUESTA OAXACA
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