Alertan a Oaxaca por paramilitares
El subsecretario de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez, señaló que no se ha vinculado a autoridades con la emboscada
13 Mayo 2010.- Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaron que la muerte de la defensora de derechos humanos mexicana Beatriz Cariño y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, el pasado 27 de abril en la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, ocurrió cuando “sufrieron una emboscada por parte de paramilitares y fueron asesinados”. Ante esta aseveración la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó con molestia.
“Las declaraciones de cuatro relatores no son necesariamente la forma más apropiada de abordar el tema, pretenden identificar responsables de los hechos en San Juan Copala, que apenas están en investigación por parte de la Procuraduría General de la República”, dijo ayer el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, tras participar en la Primera Reunión Bilateral México-Unión Europea sobre Derechos Humanos, en la sede de la SRE.
Los relatores de la ONU pidieron a México una investigación “pronta e imparcial” para identificar a los culpables de estos hechos, se pongan a disposición oficial y se determinen las penas que deben cumplir. Sobre las investigaciones de la PGR, Gómez Robledo expuso en rueda de prensa que “no se han identificado funcionarios federales ni estatales responsables”.
Entre los relatores de la ONU que se manifestaron sobre el tema está Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, quien conoció a la defensora fallecida y la describió como una mujer que “trabajaba incansablemente en favor de los derechos de las personas indígenas, las mujeres y el medio ambiente”.
Sekaggya afirmó que en México las vidas de los defensores de derechos humanos están bajo graves amenazas y que su situación se ha deteriorado notablemente. En ese sentido, el relator Philip Alston expuso que no debe permitirse que los derechos humanos “sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”.
Ante estas críticas, el subsecretario Gómez Robledo se limitó a señalar que los observadores y periodistas que participaron en la caravana que visitó San Juan Copala no informaron del lugar que visitarían para poder recibir protección.
Aseguró que “cuando se ha hecho del conocimiento de las autoridades y de sus embajadas que habrá una presencia de este tipo —de grupos de observadores internacionales— se han tomado precauciones para minimizar los riesgos a la integridad física”.
FUENTE: exonline.com.mx
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